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Grupo de estudio de la diversidad sexual humana

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¿Somos o no somos? Revolucionarias a favor del socialismo feminista

Nosotras somos feministas, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros
transexuales y heterosexuales revolucionarias que no nos hemos limitado a apoyar
ciegamente este proceso revolucionario, sino que hemos trabajado organizadamente para
construir una sociedad socialista libre de desigualdad y sin ningún tipo de exclusión y
discriminación.
Rechazamos enérgicamente la posición retardataria y profundamente conservadora de la
Asamblea Nacional, expresada por su presidenta, Cilia Flores, frente a asuntos tan
fundamentales como el aborto y el reconocimiento legal de uniones de parejas del mismo
sexo. La Asamblea Nacional está de espaldas a las propuestas y políticas llevadas
adelantes por los socialistas y socialismos del siglo XIX y XX. Socialismos que, con sus
grandes errores y limitaciones, no evadieron el tema del aborto ni el de la diversidad
sexual.
Desde hace diez años, hemos estado experimentando un proceso de cambios económicos,
sociales y políticos que se han traducido en una mejora sustantiva en la calidad de vida de
las y los venezolanos. Sin embargo, todavía existen muchos problemas por resolver y
grandes sectores de la sociedad, las mujeres y la población sexodiversa seguimos estando
excluidas y somos constantemente discriminadas y consideradas ciudadanas de segunda
categoría.
Pensamos que estamos llegando a un punto muerto del proceso revolucionario en donde
se ha perdido el impulso y la fuerza inicial de hace cinco años. Se corre el peligro de
volver atrás, no sólo por las actividades contrarrevolucionarias de la derecha venezolana
aliada a los intereses del gobierno estadounidense, sino por la incoherencia, el
conservadurismo, el  burocratismo, oportunismo, ineficacia y grandes vacíos en la
formación política e ideológica de muchas de las personas que tienen altos cargos de
responsabilidad política.
Durante estos diez años, la derecha ha aprendido de sus errores, pero, sobre todo, de los
nuestros. Sigue conspirando, organizándose, utilizando los medios de comunicación
privados para adoctrinar a un sector de la población e inocular la cultura de la violencia
fraticida y desnacionalizada, sin que se produzcan respuestas efectivas y contundentes
por parte del gobierno. Por el contrario, muchos de las y los líderes políticos no están a la
altura del momento histórico, temen el contacto con las bases, nunca pisan las calles y
desdeñan el trabajo de organización y formación de cuadros.
Pensamos que la posición de la Asamblea Nacional, articulada pobremente por su
presidenta, es una expresión más de esta terrible situación. No existe una aproximación al
tema del aborto y al tema de las demandas de la población sexodiversa desde una
perspectiva revolucionaria, sino desde el lente del  tabú, el prejuicio y la pragmática de
las encuestas. La ausencia de políticas públicas en estos aspectos tan delicados nos ha
llevado a situarnos como el país con mayor índice de embarazos no deseados en niñas y
adolescentes, una elevada tasa de muertes de mujeres por realizarse abortos en
condiciones de inseguridad medica debido a su clandestinidad, además de la expansión
de las llamadas Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) y todo el drama socio
cultural que esto conlleva.
Con esta decisión inconsulta, la Asamblea Nacional sigue condenando a muerte a miles
de mujeres pobres que se ven obligadas a practicarse abortos en condiciones insalubres e
inseguras y sigue dándole poderes ilimitados a los sectores médicos que practican
clandestinamente los abortos y todo tipo de abusos que genera esta absurda
criminalización de un problema de salud pública. No sólo condonan las diversas
manifestaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género, sino que,
además, propician, con su indiferencia, los crímenes de odio que sistemáticamente se
producen contra las lesbianas, homosexuales, transgéneros y transexuales.
Denunciamos la posición de la Asamblea Nacional como conservadora, irresponsable y
reaccionaria. Una vez más, los problemas fundamentales que afectan la vida de millones
de mujeres y millones de personas sexodiversas son dejados a un lado y postergados a un
futuro borroso.
Los asuntos relacionados con el cuerpo, el sexo y la sexualidad no están confinados a la
esfera de la vida privada, son políticos y producen efectos sociales palpables. Los
creativos de las agencias publicitarias y los dueños de la poderosísima industria
pornográfica, que se lucran vendiendo el cuerpo de la mujer, lo saben muy bien. También
parecen entenderlo, los policías y las personas, que alentadas por los discursos llenos de
intolerancia y odio de la iglesia católica y cristiana, matan, violan, golpean y humillan a
lesbianas, homosexuales, transgéneros y transexuales.
Las que no parecen entenderlo son las diputadas de la Asamblea Nacional que decretan
que estos temas no entran dentro de la ley y, además, desechan  y temen su discusión
abierta y democrática.
Nosotras no sólo sabemos que lo personal es político, sino que lo experimentamos
diariamente en nuestros cuerpos. Somos tan conscientes, que hemos tomado la decisión
política de salir de nuestras casas y del clóset -donde las diputadas nos quieren volver a
meter- y hemos tomado la decisión política de organizarnos y luchar por nuestros
derechos. Hemos entrado a la lucha política y no la vamos a abandonar.
La Asamblea Nacional ha tomado una decisión que no es política, es producto de temores
atávicos, de la negligencia y de la falta de consciencia revolucionaria. Las leyes que se
discuten en la Asamblea tienen efectos sociales y políticos a corto y largo plazo. La
Asamblea Nacional ha mandado un mensaje claro a la sociedad: nosotras no somos
importantes, hay problemas más urgentes. No es el momento de detener la muerte de
mujeres pobres, no es el momento de detener los crímenes de odio, no es el momento
para ser incluidos en la sociedad. ¿Cuándo va a ser el momento, cuando llegue un
gobierno de derecha?
La posición de las diputadas Cilia Flores y Marelis Pérez Marcano son muestra evidente
de que no es suficiente con que las mujeres estén en puestos de dirección o de alta
responsabilidad política. A veces, los sectores oprimidos defienden con mucha
convicción los intereses de sus opresores materiales e ideológicos. Es imprescindible
tener consciencia feminista y consciencia revolucionaria para que las decisiones políticas
estén siempre dirigidas a luchar por las demandas históricas de las mujeres y para lograr
la igualdad plena de los grupos más excluidos.
Los partidos de izquierda y los movimientos sociales tienen dentro de su agenda política
posiciones definidas a favor de la legalización del aborto y líneas políticas claras para
terminar con la discriminación en contra las personas que desafían la institución de la
heterosexualidad obligatoria.
A principios del siglo XX, Lenin discutía sobre el tema del amor libre y la subordinación
de la mujer con activistas y teóricas de izquierda. Alejandra Kollontai denunciaba la
doble moral burguesa, el sometimiento de la mujer en la sociedad capitalista y su nuevo
papel en el comunismo, además, exigía un análisis materialista-histórico de la sexualidad
por parte de la dirigencia. Sin embargo, los comunistas soviéticos no se quedaron en la
mera discusión de estos temas, en 1920 tomaron medidas políticas para lograr la igualdad
de la mujer y hacer efectivos sus derechos sexuales, legalizaron el aborto y
despenalizaron la homosexualidad, entre muchas disposiciones revolucionarias.
Desde 1965, el aborto es legal en Cuba y, en la actualidad, se vienen tomando medidas
políticas efectivas, apoyadas por líderes del Partido Comunista y la Asamblea Nacional
del Poder Popular de Cuba, con el fin de corregir los errores que se cometieron en el
pasado en contra de las lesbianas, homosexuales y transexuales.
Durante su campaña electoral del 2006, el actual presidente Rafael Correa, se reunió con
organizaciones de diversidad sexual y en una carta pública a las mismas, se comprometió:
“junto a los movimientos de Alianza País, a trabajar por el desarrollo de normas y
acciones que permitan convertir en realidad la igualdad de todos y todas las ecuatorianas
y ecuatorianos”. Estos son sólo algunos ejemplos para demostrar que estos temas han
sido y son parte fundamental de las líneas políticas de las organizaciones de izquierda del
mundo.
En nuestro país, los obstáculos reales para el avance de nuestras demandas no provienen
de la Conferencia Episcopal ni de las iglesias evangélicas, el problema principal es que
no hay criterio ni voluntad política en la Asamblea Nacional. Las y los diputadas no
quieren asumir valientemente estos temas. Creen, guiados por una especie de mentalidad
mágica, que si los ignoran y no los nombran, éstos problemas desaparecerán por sí solos.
Nosotras entendemos y asumimos responsablemente los costos de nuestras posiciones, ya
que muchas veces la vanguardia política no es comprendida ni aceptada por estar
adelantada a su momento histórico. Aún así, seguiremos en nuestro rol demandando lo
que nos corresponde por derecho, herederas de las luchas feministas, defenderemos estos
avances bajo el mismo principio con el que defendimos la aprobada enmienda
constitucional de este año: la ampliación de ciudadanía.
Los derechos de las mujeres y de la población sexodiversa son cuestiones de alta política.
Demuestran el grado más elevado de consciencia en una sociedad revolucionaria.
Obviamente nos falta mucho y el gobierno tiene varias deudas pendientes por saldar,
entre las que más postergadas se encuentran: a) la legalización del aborto como medida
clave en el diseño de políticas públicas que garanticen la salud de las mujeres y, b) la
toma de medidas efectivas que garanticen los derechos políticos y sociales de lesbianas,
homosexuales y transexuales que todavía no tienen plenos derechos ciudadanos y
experimentan exclusiones de todo tipo.
Exigimos a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional:
1. Conocer su posición pública sobre el tema de la legalización del aborto.
2. Conocer su posición pública sobre el reconocimiento legal de las uniones de parejas
del mismo sexo.

Así, mismo, exigimos saber la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela,
partido mayoritario en la AN y en el país, en torno los dos puntos arriba mencionados.
Demandamos propuestas políticas acordes con los principios socialistas que se dicen
defender. Ya es hora de dejar atrás el pragmatismo y el cálculo político. Empecemos, de
una vez por todas, a tomar decisiones responsables, revolucionarias y de vanguardia.

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